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Cuando el ransomware WannaCry infectó centenares de miles de ordenadores en todo el mundo en mayo de 2017, más de un usuario maldijo el nombre de Bitcoin. Pero, ¿qué responsabilidad podía tener la criptomoneda más popular en este salvaje ataque? Básicamente, que los delincuentes exigían el pago de unos 300 dólares en Bitcoin para liberar el contenido bloqueado. Este patrón se ha repetido en otras acciones cibernéticas, razón por la cual muchos han empezado a cuestionar la utilidad de las monedas digitales y temen que estas constituyen un fraude.

Esta negativa visión ha sido convenientemente divulgada por parte de los medios de comunicación, que suelen poner el acento en la “opacidad” que caracteriza al funcionamiento de las divisas virtuales. En este sentido, algún que otro destacado representante de la Reserva Federal estadounidense ha alertado sobre el “riesgo” que implica operar con criptomonedas. En suma, parece estar creándose un clima de opinión muy crítico con la única alternativa real al monopolio del dinero que recae sobre los bancos centrales.

En realidad, si las monedas digitales están detrás de tantos ciberataques es, precisamente, por la lentitud con la que los legisladores están adaptando las normativas financieras a esta nueva realidad. Por ejemplo, las consultas planteadas al Banco Central Europeo (BCE) al respecto se han saldado con evasivas, quedando por concretar cómo se va a dar cobertura legal a los movimientos de millones de inversores solo en Europa. Muchos economistas creen que el intento de bloquear a las monedas virtuales retrasando su plena regulación está condenado al fracaso.

Otra característica común a la mayoría de informaciones publicadas sobre la utilización de criptomonedas en el crimen digital es la tendencia a generalizar su uso entre los delincuentes. De acuerdo con esta idea, la mayoría de acciones delictivas se llevarían a cabo gracias a las monedas digitales, por lo que, si estas no existieran, caería en picado la ciberdelincuencia. Tan perezoso planteamiento casa muy mal con las estadísticas. En Australia, por ejemplo, en 2017 se perdieron algo más de 340 millones de dólares en estafas online. Los rescates en criptomonedas apenas supusieron 2,1 millones de dólares (el 0,6% del monto total defraudado).

En conclusión, es cierto que las monedas virtuales son muy útiles para los ciberdelincuentes pero ni mucho menos constituyen un fraude ni son responsables de los ataques en línea. Cuestión distinta es que se trate de hacer calar esa idea entre los internautas.

Las criptomonedas han venido para quedarse y en este espacio encontrarás la información más útil sobre ellas.