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Puede parecer un oxímoron pero lo cierto es que determinadas inversiones no deben ser vistas como una fuente de gastos sino de ahorro. La tecnología ha evolucionado de tal manera en los últimos años que en la actualidad es posible abaratar costes a la hora de ofrecer casi cualquier servicio gracias a algún sistema informático o digital. Ni siquiera la acción del Gobierno escapa a esta tendencia, puesto que determinados servicios ofrecidos a los ciudadanos pueden beneficiarse de esta reducción de costes. Es por ello que los Gobiernos deberían invertir más en tecnología.

Un informe presentado por IBM Center for the Business of Government -y publicado con el elocuente título de ‘El Gobierno que necesitamos’- pone unas interesantes cifras sobre la mesa. Por ejemplo, el gasto público del Gobierno de Estados Unidos podría reducirse en cerca de un billón de dólares durante la próxima década si se implementaran diferentes sistemas tecnológicos. La mayoría de estos estarían relacionados con la gestión de los datos de los contribuyentes, lo que podría reducir la mano de obra necesaria y, por ende, ajustar también los plazos necesarios para completar el trabajo.

Es más, el informe detalla con todo lujo de detalles cómo beneficiaría cada recurso tecnológico al presupuesto federal. Así, la inversión en tecnologías para prevenir y perseguir el fraude fiscal reportaría hasta 270.000 millones de dólares a las arcas públicas en diez años (porque se dejaría de gastar esa cantidad). Considerable sería también el ahorro que se derivaría de la utilización de tecnologías en el campo de la analítica y la computación cognitiva, que se cifra en 205.000 millones de dólares. Con todo, el mayor ajuste se viviría en la cadena de suministro y adquisición de nuevos equipos y programas: 500.000 millones de dólares.

Por supuesto, para obtener ahorros semejantes en el futuro es necesario aumentar la inversión en nuevas tecnologías en el presente. De hecho, el informe invita a la Administración federal, y a cualquier otro Gobierno del planeta, a copiar los mismos criterios de eficiencia en la gestión que ya utiliza el sector privado. En este sentido, no deja de resultar curiosa, y elocuente, la recomendación de IBM de que la Administración cuente con un auténtico CEO federal. Lógicamente, sus competencias no serían análogas a las de los consejeros delegados de las grandes multinacionales, sino que se centrarían en velar por la eficiencia en la gestión pública.